Así las cosas, la comprensión profunda de las problemáticas locales emerge como un elemento fundamental en el desarrollo de una ciudadanía comprometida y solidaria. La identificación y análisis de los desafíos específicos que enfrenta una comunidad permiten no solo generar un entendimiento más preciso de sus necesidades, sino también cultivar la empatía necesaria para brindar un apoyo efectivo.

Por lo tanto, la familiaridad con las problemáticas locales facilita la identificación de soluciones adaptadas y la promoción de iniciativas que aborden las causas fundamentales de los problemas. Asimismo, este conocimiento proporciona a los ciudadanos las herramientas necesarias para abogar por cambios significativos y contribuir activamente al mejoramiento de su entorno. En última instancia, la comprensión de las problemáticas locales no solo fortalece el tejido social, sino que también promueve una participación ciudadana informada y eficaz en la construcción de comunidades más resilientes y equitativas.

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Recordemos que, la vinculación activa del ciudadano se posiciona como un pilar fundamental en la transformación social hacia una cultura de co-responsabilidad y participación activa en la construcción de comunidades seguras y cohesionadas. Este diplomado ofrecerá herramientas y recursos para empoderar a los participantes en su papel como agentes de cambio, promoviendo la colaboración entre los diversos actores sociales, gubernamentales y comunitarios. Desde el reconocimiento de la diversidad de perspectivas y experiencias, se buscará fomentar el diálogo constructivo y la generación de soluciones colectivas.

Presentación

Este programa académico se propone apreciar aspectos aparentemente triviales que, sin embargo, poseen una profunda relevancia en la dinámica social, revelando su impacto en la configuración de nuestra comunidad.

Este diplomado se presenta como un espacio formativo crucial para dotar al ciudadano común de las herramientas conceptuales y prácticas necesarias para activar su potencial como agente de cambio en la sociedad, para abordar temas relevantes en la configuración del tejido social, los participantes desarrollarán una comprensión más amplia de los mecanismos de participación y los procesos democráticos. Equipados con argumentos sólidos y una visión crítica, estarán mejor preparados para involucrarse de manera significativa en los espacios destinados a la participación ciudadana, contribuyendo así al fortalecimiento de la democracia y al desarrollo de comunidades más inclusivas y participativas.

Las 4 unidades temáticas abordarán los siguientes temas:

Unidad 1: Fundamentos en Cultura y Participación Ciudadana.

Contextualización sobre la cultura ciudadana

Cultura y Cultura ciudadana

Seguridad.

Participación ciudadana: concepto, importancia y clasificación.

Tipos de participación ciudadana

Mecanismos de participación ciudadana

Modalidades de control social:

Políticas Para La Convivencia Ciudadana

Intersección entre cultura ciudadana y la convivencia

Factores Que Promueven La Convivencia

Efectos de la inseguridad en la construcción de relaciones comunitarias.

El espacio público es de todos.

Apropiación del espacio público:

Importancia de “policía” en la construcción de seguridad y convivencia

Acciones policiales, prevención que persuade.

Aporte de la administración pública en la construcción de espacios.

Factores que promueven la convivencia

Unidad 2: Participación ciudadana en la gestión pública y su relación con los derechos humanos.

• Participación Ciudadana en la Gestión Pública

¿Qué es el Presupuesto participativo PP? 

Participación en el presupuesto participativo

Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la información Pública Nacional.

Rendición de cuentas.

El Derecho de Petición.

Documentos con Reserva legal.

• Participación Ciudadana y los DDHH

Protección de Defensores y líderes sociales (qué son, quiénes son, qué hacen, funciones son)

Clasificación (líder o lideresa social, ONG o colectivo, defensor(a) de Derechos Humanos).

¿Cuáles son los derechos de este sector poblacional?

Responsabilidad Frente a la Prevención

Características del conflicto armado colombiano

Participación ciudadana en la protección de los derechos humanos de las minorías y grupos vulnerables.

Unidad 3: Conductas que afectan la convivencia y las herramientas digitales en la participación ciudadana.

• Conductas delictivas que alteran la convivencia y la seguridad.

Explicación Sociopolítica de Nuestra Violencia Urbana

El Impacto de las Armas de Fuego en la Seguridad

Reclutamiento de niños y niñas en grupos armados.

La Esclavitud Moderna.

Dejación de Armas y Construcción de Paz.

• Cultura ciudadana y tecnología – Herramientas digitales para la participación ciudadana.

Unidad 4: Comunicación, liderazgo juvenil y convivencia en entornos urbanos.

Comunicación pública y empoderamiento cívico

El liderazgo juvenil

Convivencia en Entornos Urbanos

• Los gestores de paz
• Terrenos baldíos
• Acciones de alcance legal
• Habitante de calle
• Enfermedad mental y drogodependencia.

Participación Ciudadana en la Prevención del Delito y la Seguridad Ciudadana

• ¿Qué pasó con la estrategia policial “frentes de seguridad ciudadana”?
• Aciertos, beneficios y desaciertos.
• Vinculación de los ciudadanos en las políticas de prevención

Cada módulo está diseñado para ser asimilado en dos semanas y cada unidad superada abre paso a la siguiente con la posibilidad de finalizar su proceso en menos tiempo.

Dirigido a

Empleados y servidores públicos, integrantes de las fuerzas militares y de policía, líderes en todos sus alcances (sociales, empresariales, comunitarios), estudiantes, trabajadores de organizaciones no gubernamentales, personas relacionadas con el trato de personal interno y externo, personal de seguridad y por qué no, la comunidad en general que sienta interés en explorar desde la autoformación, aspectos relacionados con la convivencia y la construcción de paz.

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Imagen: Pixabay

Las políticas predominantes de seguridad desestiman las demandas de los ciudadanos en temas contravencionales que, si bien cuentan con el Código de Convivencia y seguridad Ciudadana” con medidas autónomas que no le impiden el alcance de otra norma, precisamente por su naturaleza e inmediatez, sí deben ser asumidas dentro de la política de seguridad por tratarse de manifestaciones de violencia relacionadas con patrones culturales que las favorecen y promueven.

Las políticas en temas de seguridad cuentan con dos enfoques:

La primera, apelando a la perspectiva utilizada por el “derecho penal de enemigo” –medidas de mano fuerte y control “disuasión coercitiva”– que pretende sancionar el sujeto por su conducta, al considerarlo peligroso, haciendo de la política una reacción de combate, contra individuos especialmente peligrosos, ya que, con este instrumento, el Estado no habla con sus ciudadanos, sino que amenaza a sus enemigos. (Palacios, 2010)

Y la segunda, a través de medidas de tipo asistencialismo, concibiendo a las personas como necesitadas, o víctima de las circunstancias “pobreza o exclusión”, reduciendo la motivación que podrían llevar a alguien a convertirse en delincuente. (Hugo Acero; Antanas Mockus; Henry Murraín; María Villa; Sayra Aldana; Alejandra Ariza; Sandra Camacho; Diego Cancino; Giancarlo Chiappe; Jimmy Corzo; Mónica Delgado; Susana Garavito; Lina Gómez; Andrea Ramírez; Gabriela Ramírez; Juan Ruiz; Efraín Sánchez, 2012).

Si bien cada postura busca disminuir la inseguridad, la primera, por medio de la disuasión coercitiva de quienes delinquen o la segunda, llegando al extremo de ofrecer incentivos que briden solvencia económica para sacar de las calles a un potencial delincuente; se le da un lugar secundario a la cultura como herramienta para influir sobre los fenómenos de inseguridad.

Así, la seguridad se entreteje con aspectos clave de la sociedad, destacando la influencia directa de la cultura, la cultura ciudadana, la seguridad ciudadana y la convivencia. La cultura, como matriz de valores, normas y tradiciones, juega un papel fundamental al configurar las percepciones colectivas sobre la seguridad. La cultura ciudadana, por su parte, refleja la responsabilidad individual y colectiva en la preservación de un entorno seguro. La seguridad ciudadana, alude a la protección de los derechos y bienestar de los ciudadanos, siendo un componente esencial para el desarrollo social.

Estos elementos convergen en la promoción de una convivencia armoniosa, donde la seguridad no solo se concibe como ausencia de riesgos o un resguardo ante amenazas, sino como un cimiento para la construcción de sociedades cohesionadas y prósperas.

Cultura

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el término cultura como un conjunto de conocimientos que le permite a alguien desarrollar su juicio crítico, que incluyen desde el modo de vida, las costumbres, el desarrollo artístico y científico, entre otros, permitiendo su cultivo. (RAE, 2023)

Esta palabra conjuga una práctica constante de actividades en pro de la transformación y cultivo del ser humano, desarrollando su capacidad intelectual que, María de Jesús Illera citando a Cogollo Bernal denomina: “«la herencia social, enajenada por los hombres de una generación a otra dentro de un mismo contexto» escenario donde el hombre en sociedad crea, de acuerdo con sus necesidades y con el deseo satisfacerlas, una serie de elementos materiales y espirituales, que conforman ese concepto complejo de cultura”. (Illera, 2005) P24

En este aspecto se debe considerar que:

“La cultura, es el principio fundacional de la convivencia en sociedad, por lo tanto, la vida urbana es generadora de cultura por definición. Ciudad y cultura no sólo se interrelacionan, sino que son dos caras de una misma moneda. La cultura es ciudad y la ciudad es cultura. Desde este enfoque, la cultura se concibe como tejido de relaciones sociales vivas y, al mismo tiempo, como producto de estas relaciones sociales. Los ciudadanos y ciudadanas son, a la vez, consumidores y creadores de cultura. Esta doble mirada obliga a considerar tanto las formas más desinstitucionalizadas que nacen en la calle, los barrios y en los espacios públicos, como las múltiples prácticas culturales de la ciudadanía o las propuestas de los diversos agentes y organizaciones culturales de la ciudad”. (Illera, 2005) P244.

Debe señalarse también que, la cultura hace referencia al cultivo del espí­ritu y el intelecto de los seres humanos. La cultura es parte de la identidad de los seres humanos, representa la identificación de las costumbres en sus distintas formas de expresión, normas de comportamiento, rituales, expresión oral, expresión corporal, vestido, entre otros. (Lucía Álvarez; Albeiro Marrugo; Edgar Barrera; Katherin Serrato; Mara Rodríguez; Andreas Jiménez, 2014)

Desde un enfoque internacional, para la Orga­nización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la cultura permite a las personas reflexionar sobre sus propias actuaciones y comportamientos, sirve de medida para estimar y percibir desde una escala de valores que influyen en su comportamiento donde intervienen: la educación, la ocupación, el contexto y las influencias. (UNESCO, 2022)

Cultura ciudadana:

Ya habiendo abordado un acercamiento a la noción de cultura, acudiremos al concepto de ciudadanía para unir estos vocablos “cultura ciudadana” en virtud a su importancia en la vida social.

Ciudadanía como atributo, cualidad y derecho del ciudadano (RAE, 2023), es un término que igualmente proviene del latín, de civitas ‘ciudad’, estilo de vida propia de la capital, donde la convivencia en colectividad representa un logro del consenso cultural y a la vez, un avance evolutivo de la especie humana, contraviniendo el nomadismo o los estilos de vida aislada, propias de la ruralidad.

De este modo, el ejercicio de ciudadanía ajustado a un contexto de cultura, permite asumir conductas y responsabilidades avalados por un colectivo, más allá del temor al castigo legal.

El concepto de cultura ciudadana surgió dentro de discusiones sobre cómo resolver problemas específicos de gestión pública, donde se evidenció la necesidad de intervenir sobre ciertos comportamientos de la ciudadanía que, de no ser resueltos, imposibilitarían la solución de problemas urbanos más amplios. (Adolfo Eslava; Antanas Mockus; Mauricio García; Juan Cárdenas; Fredy Cante , 2020)

María de Jesús Illera la describe como una habilidad:

“la cultura ciudadana como aquella que surge del ejercicio, del operar de la existencia colectiva, del existir con otros, del convivir, del vivir con, del participar, del hacerse parte de, que es la única forma posible de existencia humana. Es en ella donde se hace posible la condición ciudadana, la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, el despliegue y ejercicio de los derechos inherentes a las personas y también de los deberes que surgen del existir social, del reconocimiento de la alteridad u otredad que enriquece la individualidad y a la vez hace posible y singulariza a cada ser humano, a cada persona”. (Illera, 2005) P246.

La cultura ciudadana es un concepto multifacético que encapsula las actitudes, comportamientos y valores compartidos por los habitantes de una comunidad o sociedad en el ámbito urbano. Va más allá de las normas legales y abarca las prácticas diarias que contribuyen a la convivencia pacífica y al bienestar colectivo. Este concepto implica la construcción de una conciencia colectiva que promueve la participación activa de los ciudadanos en la mejora de su entorno, fomentando la solidaridad y la colaboración para abordar desafíos comunes. La cultura ciudadana no solo influye en la dinámica social y la calidad de vida en las ciudades, sino que también fortalece la cohesión social al establecer un marco de convivencia donde la diversidad es apreciada, y los valores éticos son compartidos en pos de un desarrollo sostenible y equitativo.

Y en contraste entre los enfoques dominantes de seguridad, la cultura ciudadana le restituye al individuo la corresponsabilidad en el éxito de medidas de seguridad, haciéndolo parte del proceso.

Bajo los eventos anotados, se entiende legítima la corresponsabilidad entre ciudadanía y el Estado, como la relación de compromiso mutuo que se establece entre estos:

“La corresponsabilidad en la actualidad es considerada como un principio constitucional del novísimo constitucionalismo social y de la democracia, siendo considerada por estudiosos constitucionalistas como el principio más innovador. Este principio puede ser ejercido en los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico y militar…

En cuanto a ser entendida la corresponsabilidad como valor, por su carácter polisémico y por constituir una idea de mayor abstracción, y ser normas que no expresan conceptos jurídicos, sino ideas morales o políticas, Perfecto Sánchez afirma que:

…el valor de la corresponsabilidad (implica la responsabilidad) es un valor social insustituible para la observancia de los derechos humanos en México y en cualquier parte del mundo (…) se propone el valor de la corresponsabilidad como valor social necesario para el debido cumplimiento de nuestras obligaciones en relación con los otros. Este valor no existe o por lo menos es muy difícil de que se dé en la práctica, si no se es responsable con uno mismo en relación con las otras propias obligaciones de toda clase. La corresponsabilidad, por lo tanto, presupone la responsabilidad y es un valor más elevado que la responsabilidad. Aquella en efecto, asume su compromiso para actuar junto con otros en la construcción de una sociedad más justa, y por ende, menos conflictiva, y aúna sus fuerzas para evitar la violación a los derechos humanos. Los grandes problemas nacionales pues, requieren de soluciones compartidas a partir de las individualidades responsables en cuanto unidas a una corresponsabilidad común.” (Anzola, 2009)

La docente Aurora Anzola Nieves, también lo incluye como principio citando a Combellas y Camps, al describirlo como:

“El principio más innovador del novísimo constitucionalismo social, y puede entenderse, en los términos que lo hace, de la siguiente forma: Los males sociales, la presencia vacilante e insuficiente de los derechos humanos en la sociedad, son cosas que deben afectarnos a todos, pues todos, de una u otra manera, podemos ayudar a su transformación… no sólo somos responsables de aquellos actos que se nos pueden imputar a cada uno exclusivamente, porque son privados, sino de problemas y conflictos colectivos que piden una solución igualmente colectiva. Hay que repetirlo: todos 3 somos, de alguna manera, responsables de los males de la sociedad. No sólo el Estado, el gobierno, o las anónimas estructuras sociales”. (Anzola, 2009)

Y para finalizar, esta investigadora también trae el principio de corresponsabilidad como parte fundamental de lo político, cuando indica que:

“La corresponsabilidad implica una verdadera transformación social de un país; la construcción de un proceso social, en donde se conjuguen valores y modos de aprehensión de la realidad política, social, jurídica, en un contexto histórico dado. Ello porque la auténtica vida democrática exige la creación de espacios permanentes para que los sectores sociales participen en el diseño, aplicación y control de las políticas públicas; especialmente en áreas como la educación, la salud, la seguridad, la protección civil, entre otras. Resultando indispensable la coordinación de esfuerzos y la colaboración regulada entre autoridades y la sociedad civil; lo cual está asociado a una cultura de la corresponsabilidad para el logro de metas u objetivos comunes.

Esto asociado a la dinámica que se ha dado en los últimos treinta años, donde …por distintas explicaciones, porque hay varias, parte de lo que hacía el Estado, también, pasa a hacerlo la sociedad. Sea administrar servicios, sea compartir gestión, sea servir de mecanismos de presión para las políticas públicas, participar en la formación de las políticas públicas. Todo ese mundo que hoy día es muy álgido, es el gran espacio en donde la responsabilidad de uno y otro se da.

Entonces, en síntesis, la corresponsabilidad hay que contextualizarla, y está referida a esa dinámica de la transformación del Estado Contemporáneo, y en consecuencia a la transformación de la sociedad civil en relación a la esfera pública…esfera estatal. Por lo que podría entenderse por corresponsabilidad, como señala Casal …que se quiere vincular mayormente, se quiere vincular con mayor intensidad a la sociedad civil y a los ciudadanos en general, a la satisfacción de algunos intereses colectivos, de manera que no se descargue toda la responsabilidad en el Estado, sino que hay una serie de ámbitos donde….en virtud de la solidaridad, en virtud del principio de solidaridad, pues también debe haber un compromiso de la ciudadanía con algunas necesidades colectivas”. (Anzola, 2009)

En relación a la problemática expuesta, articular el concepto de cultura ciudadana como un proceso personal, de autoformación incide en la convivencia y sociedades tolerantes, cuyas problemáticas apelan a la autogestión en primera instancia, resulta una respuesta adecuada.

Seguridad:

Concepto. El Diccionario de la Real Academia Española le ofrece una serie de características al concepto de seguridad que incluyen:

• La ausencia de peligro o riesgo
• Sensación de total confianza
• Firmeza
• Garantía
• Una serie de medidas
• Cuerpo o fuerza
• Un servicio estatal destinado a la prevención y remedio de los riesgos
• Dedicación para el orden

Evergisto de Vergara del Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires, define la seguridad como una condición de seguro, libre de riesgos y o amenazas, peligros, daños y en el caso de existir, estar en condiciones de defenderse con altas probabilidades de éxito; haciendo del concepto de seguridad una condición, a diferencia de la defensa, definida como una acción propia de las instituciones que componen el poder nacional armado.

En lo que se relaciona a la seguridad como una condición esencial en la cotidianidad, Óscar Clavijo lo define como:

“La seguridad es una condición para la paz, el orden, el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales y para el desarrollo sostenible de cualquier economía partiendo de la personal hasta involucrar a todo un país, región, continente y hemisferio. Tradicionalmente el concepto de seguridad se asocia con la ausencia de delitos o de actos criminales. Sin embargo, el término “seguridad” es mucho más amplio; se refiere a la posibilidad que todos los habitantes del país puedan ejercitar plenamente – en su vida cotidiana – sus derechos y libertades, condición requerida para la convivencia que se encuentra directamente interrelacionada con el desarrollo sostenible. Es lo que se conoce como seguridad humana. Esto significa que la seguridad no sólo hace posible el bienestar individual, sino que es un requisito indispensable para la construcción del desarrollo armónico de la sociedad, por lo que constituye un fin esencial del Estado”. (Clavijo, 2010)

Lo que se resume como un conjunto de acciones que, propenden por la protección de las personas con relación a posibles amenazas, ya que las vulneraciones afectan el ejercicio pleno de los demás derechos.

Ya desde el enfoque de derechos, Naciones Unidas introduce el concepto de seguridad humana, mencionado por primera vez en el Informe sobre Desarrollo Humano en 1994. Se define como: ausencia de temor y de carencias,

“…protección del núcleo vital de todas las vidas humanas de forma que se mejoren las libertades humanas y la realización de las personas”. La seguridad humana significa:

• Proteger las libertades fundamentales, aquellas libertades que son la esencia de la vida.
• Proteger a las personas de situaciones y amenazas críticas (graves) y más presentes (extendidas).
• Utilizar procesos que se basen en las fortalezas y aspiraciones de las personas.
• Crear sistemas políticos, sociales, medioambientales, económicos, militares y culturales que, de forma conjunta, aporten a las personas los fundamentos para la supervivencia, el sustento y la dignidad.

Apunta al fortalecimiento de las instituciones proporcionando al individuo condiciones adecuadas para su desarrollo personal, familiar y social. Es un asunto relacionado directamente con el respeto por la vida y la dignidad, que incluye la seguridad económica, alimentaría, sanitaria, medioambiental, personal, comunitaria y política

Haciendo de la seguridad humana, un marco de condiciones para satisfacer la vida cotidiana del ciudadano:

• Agenciar a las minorías.
• Dar tratamiento a las contravenciones
• Fortalecen la convivencia

Desde un enfoque local, sea lo primero aclarar que, el concepto de seguridad como tal no existe. La Constitución Política colombiana no aborda directamente la seguridad, sino que se acerca desde varios puntos de vista:

1. Desde la “defensa de la soberanía, independencia, la integridad del territorio nacional…” y o “convivencia” a cargo de Fuerzas Militares y o de Policía, desde sus artículos 217 y 218.
2. Como mecanismo de protección. La Carta reconoce expresamente que las autoridades colombianas han sido instituidas para proteger a los residentes en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, de manera que la seguridad constituye uno de los fines esenciales del Estado en su artículo 2º.
3. La seguridad como derecho colectivo según su artículo 88.
4. Como función social del Estado, es servicio público desde su artículo 365.
5. La seguridad con enfoque político al mencionar desde el artículo 189 la seguridad exterior como facultad presidencial para repeler agresión extranjera, el artículo 213 (en pro de la seguridad del Estado, para declarar estado de conmoción interior), 223 (seguridad como facultad a determinados miembros de organismos nacionales), y 350 (la seguridad nacional y su prioridad en el gasto público).
6. Y se dirige a la seguridad social como un enfoque de acuerdo a sus artículos: 44, 46, 50, 64 y 78.

La Corte Constitucional en su Sentencia C-123 de 2011 aclara al respecto, que la seguridad constituye un fin esencial del Estado y un servicio público primario inherente a la finalidad del Estado.

En reiterada jurisprudencia como la Sentencia C 572 de 1997 y C 19 de 2001 la Corte ha expresado que la seguridad como  supuesto del orden, de la paz y del disfrute de los derechos, es un fin del Estado, al cual corresponde  la misión que el inciso segundo del artículo 2o. de la Constitución  impone a las autoridades de la república, y que por lo tanto constituye un servicio público primario inherente a la finalidad social del Estado, que como tal está sometido al régimen jurídico que fije la ley, y que puede ser prestado por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por los particulares, reservándose aquél en todo caso la competencia para regular, inspeccionar, controlar y vigilar su prestación.

La Constitución Política de Colombia, ha procurado asignarle estatus de derecho fundamental a la seguridad, pues, aunque esta no aparezca prevista de manera textual con dicha categoría, a partir de lo estipulado en distintos tratados internacionales ratificados por Colombia, a la seguridad se le puede dar ese alto calificativo superior. Al respecto la Sentencia T-190 de 2014 amplía dichas razones, invocando que:

“El derecho a la seguridad personal no se puede limitar o restringir a los casos en los que se encuentre comprometida la libertad individual, sino que además implica el cuidado de los demás bienes jurídicos a fin de garantizar la vida y la integridad personal.”

Esta jurisprudencia define el derecho a la seguridad personal como:

“(…) aquel que faculta a las personas para recibir la protección adecuada por parte de las autoridades cuando quiera que estén expuestas a riesgos excepcionales que no tiene el deber jurídico de tolerar, por rebasar éstos los niveles soportables de peligro implícitos en la vida en sociedad; en esa medida, el derecho a la seguridad constituye una manifestación del principio de igualdad ante las cargas públicas (…) E incluso, la jurisprudencia asume la seguridad como derecho constitucional fundamental de los individuos, en atención a las condiciones específicas que tienen lugar en el contexto colombiano.”

De acuerdo con lo señalado y conforme el preámbulo de la carta política de 1991, la vida es un valor primordial en el ordenamiento constitucional colombiano por lo que le corresponde al Estado protegerla y preservarla, habida cuenta que es un derecho inviolable…

“Lo anterior se ha reforzado con las estipulaciones previstas en los tratados internacionales de derechos humanos, incorporados a nuestro sistema por medio de la figura del bloque de constitucionalidad como quiera que dentro de sus cometidos principales se procura proteger la vida. Muestra de ello es, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos que en su artículo 4.1., señala que: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de su concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.” La importancia de proteger la vida es más que una obviedad por cuanto ella es la base para el ejercicio de los demás derechos”. Corte Constitucional – Sentencia T 190 de 2014

Como resultado, la seguridad y la vida como derecho fundamental consagrado en nuestra constitución nacional, interdependientes y fundantes de la integridad humana, confieren al Estado el compromiso de preservar la vida y proveer seguridad a todos los ciudadanos, atendiendo a los fines esenciales del Estado “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” – artículo 2º.

Para finalizar, el contexto de la seguridad colombiana ha incorporado la noción de seguridad ciudadana que, se refiere a la condición en la cual los ciudadanos pueden llevar a cabo sus actividades diarias sin temor a ser víctimas de delitos, violencia o amenazas a su integridad. Es un concepto amplio que abarca diversas dimensiones, y su objetivo principal es garantizar un entorno seguro y protegido para la población a partir de la prevención del Delito, el control y la reducción de la violencia, la colaboración Ciudadana, los principios de justicia y legalidad, la integración social, entre otros. La seguridad ciudadana es un componente fundamental para el bienestar y el desarrollo de una sociedad. La colaboración entre los ciudadanos, las autoridades y otros actores sociales es esencial para abordar los desafíos relacionados con la seguridad y construir comunidades seguras y resilientes.

Sin embargo, las administraciones gubernamentales tienden a tomar algunos de sus elementos de forma aislada, desvertebrando su carácter multidimensional, bloqueando aspectos relacionados con la debilidad de la justicia, el paramilitarismo, la violación de los DH, la delincuencia común organizada y el control de armas, convirtiendo la concepción tradicional de seguridad en una categoría híbrida de orden político militar, ya que la seguridad descansa en las fuerzas militares y de policía.

El concepto de seguridad ciudadana se encuentra ausentes de la corrupción y la pobreza que, nunca son consideradas como prioridad. Por el contrario, la pobreza es asociada con subversión y delincuencia en general por parte de las instituciones armadas.

Los enfoques tradicionales buscan hacer de la seguridad ciudadana una responsabilidad que sólo recae en el ejecutivo (creando Leyes y Decretos), no se cuenta con la participación activa de las autoridades locales (alcaldes/gobernadores) que tienen responsabilidades constitucionales y legales en materia de seguridad.

El concepto de seguridad abarca una noción que va más allá de:

• Centrar el gasto por concepto de seguridad en gasto militar.
• Considerar la mayor parte de los problemas sociales como manifestaciones subversivas (atentados).
• Emplear diferentes medios y recursos para conjurar el orden público
• Emplear las capacidades de la fuerza pública como herramienta de coerción
• Ofrecer a la fuerza pública una noción netamente de defensa nacional

Al concepto de seguridad, se le deben adjuntar problemas que tienen carácter estratégico y deben ser objeto de tratamiento político como: el desempleo, la migración, el medio ambiente, el acceso a la educación, programas de inclusión, el microtráfico, acceso a la justicia, tratamiento de la miseria, monopolizar el uso de la fuerza y el comercio de las armas entre otros.

La seguridad exige la participación activa de las autoridades locales (alcaldes/gobernadores) facultados en materia de seguridad. Alcaldes y gobernadores son las primeras autoridades de policía y responsables del manejo del orden público en sus jurisdicciones. Así nace la Seguridad humana que, apunta al fortalecimiento de las instituciones proporcionando al individuo condiciones adecuadas para su desarrollo personal, familiar y social. Es un asunto relacionado directamente con el respeto por la vida y la dignidad, que incluye la seguridad económica, alimentaría, sanitaria, medioambiental, personal, comunitaria y política

Fuerza pública y su relación con la seguridad. Por mandato Constitucional – Capítulo 7 Ar. 216 en adelante –, la fuerza pública tiene como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional, así como la salvaguarda de la vida, honra y bienes de los habitantes de Colombia.

Así mismo la Carta Magna ha establecido el monopolio de las armas en cabeza del gobierno, el indicar que:

“Sólo el Gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos. Nadie podrá poseerlos ni portarlos sin permiso de la autoridad competente. Este permiso no podrá extenderse a los casos de concurrencia a reuniones políticas, a elecciones, o a sesiones de corporaciones públicas o asambleas, ya sea para actuar en ellas o para presenciarlas. Los miembros de los organismos nacionales de seguridad y otros cuerpos oficiales armados, de carácter permanente, creados o autorizados por la ley, podrán portar armas bajo el control del Gobierno, de conformidad con los principios y procedimientos que aquella señale” (Artículo 223).

En cuanto a la seguridad en el entorno urbano, se ha delegado a la Policía nacional para dirigir sus acciones con un enfoque principalmente preventivo en la comisión de delitos, lo que implica la adopción de medidas proactivas para evitar que se produzcan situaciones delictivas y las áreas urbanas suelen tener una mayor densidad poblacional, lo que puede aumentar la probabilidad de actividades delictivas, pensemos que, la presencia de más personas y propiedades puede requerir una mayor atención preventiva.

Adicionalmente, las áreas urbanas tienden a presentar una variedad de delitos y desafíos más complejos en comparación con las áreas rurales. La policía preventiva se adapta a las necesidades específicas de las comunidades urbanas para abordar la diversidad de problemas delictivos.

Las zonas urbanas a menudo albergan infraestructuras críticas, como centros financieros, instalaciones gubernamentales y de transporte. La protección de estos lugares es crucial para la estabilidad y seguridad de la sociedad, sumado a la disposición de recursos limitados, al enfocarse en áreas urbanas donde la actividad delictiva puede ser más concentrada permite un uso más eficiente de estos recursos.

Por su parte, las dinámicas sociales y económicas en entornos urbanos pueden contribuir a la aparición de problemas de seguridad específicos, como la delincuencia organizada, el tráfico de drogas y otros delitos complejos que requieren estrategias preventivas específicas.

De todos modos y conforme a las dinámicas actuales, la acción preventiva de carácter general que efectúa la Policía Nacional en eventos donde se vulnere un derecho tutelado por ley, pasa de ser actividad preventiva a una actividad represiva debido a los problemas estructurales, índices de violencia presentes en el insurrecto de hoy, y mutación del delito que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana, haciendo de los modelos centralizados poco funcionales.

Actualmente las problemáticas de seguridad se encuentran fraccionadas:

La policía atiende delitos como el narcotráfico, contrabando, comercio ilegal de armas, trata de personas, delitos que afectan la vida, integridad y bienes de los ciudadanos, hechos de violencia y delincuencia cotidianos, desplazando en importancia otros problemas que afectan los conglomerados urbanos, como son:

• La contaminación ambiental
• Las dificultades de movilidad
• El desempleo
• Las consecuencias propias de la sobrepoblación
• Los procesos de desplazamiento internos
•  
• El hurto en menor cuantía, entre otros.

La práctica de la seguridad nacional, se ha considerado como problema estratégico lo relacionado con la insurgencia (guerrillas y los diálogos de paz), el narcotráfico como problema estratégico y por tanto de seguridad nacional, delitos transnacionales (trata de personas y tráfico de armas), haciendo de la actividad diaria de vigilancia y control que conlleva a minimizar el riesgo que pueda presentar el conglomerado social manteniendo el orden público y la convivencia, un trabajo de menor cuantía, visibilidad, disposición y reconocimiento.

En este contexto, la Policía se enfrenta a una abrumadora cantidad de responsabilidades y tareas, lo que ha llevado a que delitos menores queden prácticamente sin atención. La complejidad de las labores policiales y la renuencia de los ciudadanos a denunciar debido a la percepción de trámites engorrosos e ineficacia en la resolución de casos contribuyen a la existencia de un espacio donde los delitos de menor magnitud persisten impunemente. Es crucial abordar estas preocupaciones para fortalecer la confianza entre la comunidad y las fuerzas del orden, fomentando así un ambiente más seguro y colaborativo para todos los ciudadanos.

Seguridad ciudadana. Sea lo primero, recomendar la lectura de dos libros maravillosos en cabeza del reconocido Francisco Leal Buitrago: La inseguridad de la seguridad y el oficio de la guerra, de donde extraigo los fundamentos que ofrecen contexto a este segmento, para identificar los cimientos de un concepto de seguridad militar.

La influencia político-militar de los Estados Unidos en la política interna colombiana de seguridad, aparece una vez finalizada la II Guerra Mundial. Con la guerra fría surgió de la bipolaridad política, liderado por las potencias e busca del control estratégico del mundo, dando paso al Estado de seguridad nacional, originario de la política estadounidense.

Este concepto emerge del miedo a la revolución (socialismo – comunismo) y la inestabilidad económica del capitalismo, marcando el inicio de una política de apoyo hacia América latina.

Sus efectos tienen la capacidad de incidir en la forma de interpretar las problemáticas sociales y sirve como modelo para mantener el statu quo como la situación más segura de sostener el orden jerárquico y las posturas hegemónicas.

Se creyó necesario proveer de seguridad a los regímenes de los países atrasados, que nunca se inquietaron por saber de los alcances de la concepción de seguridad, ni analizaron la misión o la función específica de la fuerza militar, favoreciendo a las clases políticas que, los toleraron y reconocieron su utilidad solo en los momentos de conflicto.

En consonancia, la seguridad ciudadana es un área de política pública dejada a la responsabilidad militar y policial, desfigurando la esencia de las fuerzas armadas y promoviendo desatención de las problemáticas sociales en cabeza de su autoridad local.

Este modelo considera los problemas sociales como parte de la conspiración, ignora las necesidades básicas y las aspiraciones de autoeconomía, de hecho, las consideran de regímenes de izquierda, por eso la doctrina de seguridad nacional fue funcional a la política norteamericana.

De todos modos, la seguridad nacional ha cedido jerarquía a la seguridad ciudadana haciendo ejercicios en programas presidenciales como:

• Ernesto Samper (1994-1998), con su “Política para la Seguridad y la Convivencia” centrado en abordar los desafíos relacionados con la seguridad y la convivencia relacionados con el narcotráfico, la violencia política y la insurgencia armada. El gobierno de Samper implementó varias medidas en su política de seguridad, destacando los siguientes aspectos:

• Se buscaron acercamientos y negociaciones con grupos guerrilleros, en particular con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Estos esfuerzos no lograron un acuerdo significativo durante su mandato, pero sentaron las bases para futuros intentos de negociación.

• Se implementaron programas sociales destinados a abordar las causas subyacentes de la violencia, como la pobreza y la desigualdad. Estos programas tenían como objetivo mejorar las condiciones de vida de la población y reducir la atracción hacia grupos insurgentes.

• Se llevaron a cabo acciones para combatir el narcotráfico, aunque la efectividad de estas medidas fue objeto de debate. Colombia era un importante productor de drogas ilícitas, y la lucha contra el narcotráfico estaba vinculada a la seguridad interna del país.

• Bajo la administración Andrés Pastrana (1998-2002), con la “Estrategia Nacional para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana” se enfocó en abordar los problemas de violencia política, el narcotráfico y la criminalidad. Pastrana heredó un país afectado por décadas de conflicto armado y violencia, y su estrategia buscaba avanzar hacia la pacificación y la mejora de la seguridad ciudadana. Algunos aspectos clave de su enfoque:

• Inicio del proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En 1999, el presidente Pastrana cedió un área denominada «Zona de Despeje» a las FARC como gesto de buena voluntad para facilitar las negociaciones. Sin embargo, a pesar de algunos avances, el proceso de paz no logró una resolución completa durante su mandato.

• La estrategia también incluyó iniciativas para abordar las causas subyacentes de la violencia, como la pobreza y la falta de desarrollo en algunas regiones del país. Se implementaron programas para promover el desarrollo social y económico, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y reducir las tensiones que contribuían a la violencia.

• Pastrana buscó fortalecer las instituciones encargadas de mantener la seguridad en el país, mejorando la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad y modernizar sus equipos, con la idea de que instituciones más fuertes contribuirían a la estabilidad.

• Dado que el narcotráfico estaba intrínsecamente vinculado a los problemas de seguridad en Colombia, la estrategia también incluyó esfuerzos para combatir el tráfico de drogas ilícitas. Esto se hizo en colaboración con la comunidad internacional y mediante acciones en el ámbito nacional.

• Finalmente, en los dos gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010) se implementó una “Política de Defensa y Seguridad Democrática”, estrategia integral que buscaba abordar los problemas de seguridad y violencia en Colombia, en especial, enfrentar a grupos guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes. Algunos elementos clave fueron:

• Uribe buscó fortalecer y modernizar las fuerzas militares y de policía del país. Se llevaron a cabo inversiones significativas en entrenamiento, equipamiento y tecnología para mejorar la capacidad operativa y la eficacia de las fuerzas de seguridad.

• La estrategia se centró en enfrentar a los grupos guerrilleros, en particular a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

• Además de abordar la insurgencia guerrillera, Uribe también implementó medidas para desmantelar grupos paramilitares de extrema derecha. La desmovilización y reinserción de algunos miembros de estos grupos fueron parte de la estrategia.

• La estrategia no solo se enfocó en el combate militar, sino también en mejorar la seguridad ciudadana. Se implementaron medidas para fortalecer la presencia policial y reducir la criminalidad en áreas urbanas.

• Se ofrecieron incentivos para la desmovilización de miembros de grupos armados ilegales, tanto guerrilleros como paramilitares. Estos programas buscaban reintegrar a los excombatientes a la sociedad y reducir la violencia.

• Uribe buscó colaboración y apoyo internacional para enfrentar los desafíos de seguridad en Colombia. Hubo una estrecha cooperación con los Estados Unidos y otros países para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

Este tipo de políticas han sido objeto de señalamientos, ya que no tuvieron impacto en la prevención desde la convivencia, y ésta requiere corresponsabilidad y creatividad.

Algunos las elogiaron por contribuir a la reducción de la violencia y el fortalecimiento de la seguridad, mientras que otros la criticaron por hacer de la seguridad un estandarte de violaciones a los derechos humanos y la estigmatización a ciertos sectores de la sociedad.

Para finalizar, se debe reconocer como hito en la administración pública la labor de Antanas Mockus en la ciudad de Bogotá como alcalde, donde resaltan acciones que van desde: el transporte en bicicleta, la prohibición de artefactos pirotécnicos por particulares, «La hora zanahoria» que restringe la hora en la que legalmente deben cerrar los establecimientos de nocturnos o de expendio de licor, el “conductor elegido”, si vas a tomar entrega las llaves, hasta el desarme total de la ciudad, dando aliento en este tipo de políticas que, para el año 2008 argumentaron las decisiones del Concejo de Bogotá:

“Las acciones de la administración distrital promoverán la reconciliación y la paz, la prevención, el alistamiento y la respuesta frente a los delitos, las violencias y conflictividades, en los ámbitos público y privado. Se actuará bajo la concepción de seguridad como un bien público que propicia las condiciones

necesarias para la vida digna y el goce pleno de los derechos humanos y la convivencia democrática en un ambiente de solidaridad y desarrollo armónico, con sujeción a las normas”.  (Alcaldía de Bogotá, 2008)

La seguridad ciudadana en voz del PNUD se entiende como una acción coordinada llevada a cabo por el Estado, en colaboración con la ciudadanía y otras organizaciones de interés público, con el propósito de garantizar la convivencia y el desarrollo pacífico, así como erradicar la violencia, fomentando el uso de espacios públicos y la prevención de delitos, orientadas a salvaguardar la seguridad de los habitantes y sus bienes, armonizados en diversas políticas de seguridad:

Cuadro: qué es la seguridad ciudadana

Fuente: (PNUD, 2014)

Participación ciudadana: concepto, importancia y clasificación.

El concepto participar viene definido en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua como “tener uno parte en una cosa o tocarte algo de ella” “compartir, tener las mismas opiniones, ideas… que otra persona”, lo que implica ser parte de algo, el poder de injerencia o participar de un proceso “intervención colectiva”. La participación ciudadana como elemento y condición para la gobernanza democrática, se constituye en un mecanismo de empoderamiento social que da lugar a inclusión de todos los sectores, integrados activamente en el proceso.

Una de las definiciones más aceptadas en la comunidad internacional, es la de Roger Hart al indicar que: “La participación es la capacidad para expresar decisiones que sean reconocidas por el entorno social y que afectan a la vida propia y/o a la vida de la comunidad en la que uno vive” (Hart, 1997).

El concepto de participación social o ciudadana puede ser abordado desde diversos enfoques y entenderse como la manera de legitimar desde el consenso, la opinión de una colectividad que requiere superar alguna desigualdad o alanzar el impulso frente a una temática (participar es sinónimo de intervención colectiva “un ejercicio de poder” en relación con determinados objetivos significativos para el individuo desde la perspectiva del sistema social.

Desde la plataforma de educación: Divulgación Dinámica en España, se han clasificado los tipos de participación desde dos perspectivas (Divulgación Dinámica , 2017):

• El ámbito privado, en el que se encuentran la participación social y la comunitaria, que tienen como objetivo atender los intereses comunes de la comunidad o mejorar la calidad de vida de las comunidades.
• La Participación Social: implica la agrupación de los individuos en organizaciones de la sociedad civil para la defensa y representación de sus respectivos intereses (grupos de inmigrantes, discapacitados, feministas), que buscan el mejoramiento de las condiciones de vida o defensa de intereses. La participación social es un derecho humano esencial de toda persona y, una sociedad puede considerarse democrática cuando todos sus ciudadanos participan; articula el tejido social organizacional para el desarrollo de nuevas formas de participación y es uno de los componentes más relevantes de la construcción de la democracia y, a través de ella, se contribuye a asegurar el cumplimiento de otros derechos.

• La Participación Comunitaria. Es el conjunto de acciones desarrolladas por diversos sectores comunitarios, en la búsqueda de soluciones a sus necesidades específicas. Se encuentra unida al desarrollo comunitario de un sector y tiene como eje el mejoramiento de las condiciones de vida en la comunidad (mejorar el bienestar de los miembros de la comunidad en función de valores que le son propios). Dando a los problemas comunitarios respuestas endógenas “que surgen del consenso de sus miembros”, sin requerir la iniciativa de entes externos.

• El ámbito público, que obedece a aspectos más globales e incluye dentro de este la participación ciudadana y la política:
• La Participación Ciudadana: se entiende como la intervención de los ciudadanos en la esfera pública en función de intereses sociales de carácter particular que, puede limitarse a los casos que representan una respuesta, individual o colectiva, de la sociedad a una convocatoria realizada por parte de las autoridades gubernamentales en espacios institucionales designados para tal efecto. En la democracia representativa vigente, en ocasiones, una parte de la sociedad es la que detenta el poder de representación tomando decisiones de forma legítima que afectan a una mayoría.

• La Participación Política: es un elemento esencial de los sistemas democráticos. Se define como toda actividad de los ciudadanos que está dirigida a intervenir en la designación de los gobernantes y/o a influir en los mismos con respecto a una política estatal (las actividades en que se articula la participación política pueden ser legales o ilegales, de apoyo o de represión).

De una manera general todos los procesos de participación son educativos, capacitadores y socializantes en sí mismos, tanto para los que intervienen en ellos directamente como para la comunidad en general, a la vez que son mecanismos para la consecución de tareas de interés colectivo, afines al desarrollo humano, sostenible y social. Los procesos participativos (Divulgación Dinámica , 2017)

Haciendo hincapié al enfoque de la participación ciudadana puede manifestarse de diversas maneras, como la votación en elecciones, la asistencia a reuniones comunitarias, la expresión de opiniones en medios de comunicación o redes sociales, la participación en protestas y manifestaciones, entre otras formas de compromiso cívico. Es fundamental para el funcionamiento de una democracia, ya que fortalece la representatividad y la legitimidad de las decisiones tomadas por las autoridades, al tiempo que empodera a los ciudadanos al permitirles tener un papel activo en la construcción y mejora de sus comunidades.

Atendiendo a la publicación ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en Colombia? De los investigadores: Fabio Velásquez y Esperanza González, debemos apreciar que,

“La participación es entendida como un proceso social que resulta de la acción intencionada de individuos y grupos en busca de metas específicas, en función de intereses diversos y en el contexto de tramas concretas de relaciones sociales y de poder. Es, en suma, un proceso en el que distintas fuerzas sociales, en función de sus respectivos intereses (de clase, de género, de generación), intervienen directamente o por medio de sus representantes en la marcha de la vida colectiva con el fin de mantener, reformar o transformar los sistemas vigentes de organización social y política.

La participación puede operar en diversos niveles: en algunos casos se trata de obtener información sobre un tema o decisión específica o emitir una opinión sobre una situación. En otros participar significa tener iniciativas que contribuyan a la solución de un problema. O bien puede tener un alcance mayor cuando se trata de procesos de concertación y negociación o de fiscalizar el cumplimiento de acuerdos y decisiones previas. En fin, la participación se reivindica como medio para la formulación, discusión y adopción de los grandes consensos sobre el desarrollo y la convivencia en el territorio”. (Velásquez & González, 2003) P20.

Así las cosas, la participación ciudadana es importante porque ofrece a los ciudadanos un papel activo en la configuración de su entorno y en la toma de decisiones que impactan en sus vidas, impactando el buen funcionamiento de una sociedad y su sistema democrático, así:

• La participación ciudadana es esencial para el funcionamiento eficaz de una democracia. Permite que los ciudadanos contribuyan directamente a la toma de decisiones y a la formulación de políticas, garantizando así un gobierno más representativo y legítimo.

• La participación ciudadana actúa como un mecanismo de control y supervisión sobre las acciones de las autoridades. Cuando los ciudadanos pueden involucrarse activamente, se promueve la transparencia en la gestión pública y se refuerza la rendición de cuentas de los funcionarios.

• Los ciudadanos, al estar directamente involucrados en la toma de decisiones, son capaces de identificar problemas locales y proponer soluciones más efectivas y adecuadas a las necesidades de la comunidad.

• La participación ciudadana contribuye al desarrollo de una ciudadanía activa y comprometida. Cuando las personas se involucran en asuntos públicos, se fortalece el tejido social y se promueve una mayor responsabilidad cívica.

• La falta de participación puede conducir a la desconfianza y la alienación de los ciudadanos respecto al sistema político. La participación activa crea un sentido de pertenencia y conexión entre los ciudadanos y las instituciones gubernamentales.

La diversidad de perspectivas y experiencias que aporta la participación ciudadana puede enriquecer el proceso de toma de decisiones, generando soluciones más informadas y equitativas, como lo define el profesor Mario Espinosa:

“Este tipo de participación se acota como ciudadana porque es un proceso o acción que se define y orienta a través de una dimensión, una lógica y unos mecanismos político–sociales específicos. Entonces, la participación ciudadana —aun cuando no pueda decirse que haya una concepción unívoca del vocablo— nos remite al despliegue de un conjunto de acciones (expresión, deliberación, creación de espacios de organización, disposición de recursos) mediante las cuales los ciudadanos se involucran en la elaboración, decisión y ejecución de asuntos públicos que les afectan, les competen o, simplemente, son de su interés.

Entendida así, de entrada, podría afirmarse que ésta nos remite a un tipo de interacción particular entre los individuos y el Estado, a una relación concreta entre el Estado y la sociedad, en la que se pone en juego y se construye el carácter de lo público “. (Espinosa, 2009)

Cuadro: participación ciudadana.

Fuente: autora a partir de (Espinosa, 2009)

Tipos de participación ciudadana. El Banco de Desarrollo de América Latina CAF establece dos limitadas maneras de participación ciudadana: la electoral y la no electoral, la primera a través del voto, donde los ciudadanos delegan en el sector político el poder representativo de sus expectativas; y en lo que se refiere a la participación no electoral, refiere los mecanismos que le permite a la ciudadanía una interacción directa con la administración pública. (Banco de Desarrollo de América Latina CAF, 2016)

En complemento, desde el sector académico otra perspectiva de clasificar la participación ciudadana incluye:

• Participación social: dada en razón de la pertenencia del individuo a asociaciones u organizaciones para la defensa de los intereses de sus integrantes, y el interlocutor principal no es el Estado sino otras instituciones sociales.
• Participación comunitaria: refiere el involucramiento de individuos en la acción colectiva que tiene como fin el desarrollo de la comunidad mediante la atención de las necesidades de sus miembros y asegurar la reproducción social. El interlocutor principal de estas acciones no es el Estado y, en todo caso, lo que se espera de él es recibir apoyo asistencial.
• Participación política: aquí los ciudadanos asociados en las organizaciones formales y mecanismos del sistema político (partidos, parlamentos, ayuntamientos, elecciones) se hacen parte al participar con mecanismos formales “institucionalizados” y legales de representación política.
• Participación ciudadana: los ciudadanos se involucran de manera directa en acciones públicas, con una concepción amplia de lo político y una visión del espacio público, contactando los ciudadanos y al Estado, en la definición de las metas colectivas y las formas de alcanzarlas. (Villarreal, 2009)

Una manera adicional de clasificar la participación ciudadana, es la ofrecida por, Velásquez y González desde 2 categorías: según las concepciones e intereses de los actores, y de conformidad a las estrategias de los gobiernos locales,

La primera es asumida como:

• La participación-argumentación que coloca el acento en el componente racional comunicativo de toda relación social. Participar es, pues, ante todo dialogar con otro para exponer argumentos sobre un determinado tema y convencerlo de que mis argumentos son más válidos que los suyos. Participar es comunicar, argumentar, deliberar y convencer.

• La otra categoría es la de la participación-acción. En este caso, los componentes dialógicos y retóricos ceden su lugar de privilegio a los elementos prácticos, a la acción. Participar es interactuar con otros para definir cursos de acción. Por supuesto, es necesario argumentar, exponer puntos de vista, deliberar, pero aquí la participación es, en consecuencia, menos racional y más pragmática. (Velásquez & González, 2003) P22

Ya desde el segundo enfoque y con relación a las estrategias que suelen poner en marcha los gobiernos locales, se distinguen:

• La participación-formalidad, entendida únicamente como un requisito de ley que es preciso llenar.

• La participación sin alas, aquella que no pone en cuestión la lógica y las estructuras de poder vigentes.

• La participación-integración-cooptación: en donde las autoridades locales promueven en forma efectiva la participación, crean nuevas instancias de intervención ciudadana y manejan permanentemente el discurso de la participación no tanto para que la gente gane autonomía y capacidad de interlocución con el Estado, sino, por el contrario, para que se acoja cada vez más a las orientaciones de los grupos políticos dominantes.

• La participación-concertación: coloca el acento en la construcción colectiva de acuerdos en torno a objetivos comunes y a los medios para alcanzarlos. Dos ideas son centrales en esta noción: el pluralismo y la intervención directa de la ciudadanía en el análisis de su entorno y en la toma de decisiones acerca de cómo actuar para conseguir objetivos compartidos.

• La participación-modo de vida: aquí la participación no es concebida como una actividad adicional a la rutina diaria de la gente, como algo que exige esfuerzos adicionales y costos, sino como un valor y una norma social interiorizados desde la infancia, que llevan a la gente a involucrarse en dinámicas colectivas no tanto para la obtención de un beneficio específico, sino porque es bueno hacerlo y de esa forma el colectivo social se beneficia y fortalece. (Velásquez & González, 2003)23

Para finalizar con esta clasificación, cerramos la participación ciudadana según su naturaleza, nivel de involucramiento y contexto, así:

Según el nivel de participación:

• Participación Informacional. Los ciudadanos reciben información sobre decisiones y políticas, pero no participan directamente en la toma de decisiones.
• Participación Consultiva. Se busca la opinión de los ciudadanos a través de consultas y encuestas, aunque la toma de decisiones sigue siendo responsabilidad de las autoridades.
• Participación Colaborativa. Los ciudadanos trabajan junto con las autoridades en la toma de decisiones y en la implementación de políticas.
• Participación Empoderada. Los ciudadanos tienen un papel significativo en la toma de decisiones finales, y su participación es esencial para la legitimidad de las decisiones tomadas.

Según el ámbito de participación:

• Participación Local. En actividades y decisiones que afectan directamente a la comunidad a nivel local.
• Participación Nacional. En procesos y decisiones a nivel de país.
• Participación Internacional. Involucramiento en asuntos que trascienden las fronteras nacionales, como tratados internacionales o acuerdos globales.

Según la forma de participación:

• Participación Electoral. Incluye votar en elecciones para elegir representantes y aprobar o rechazar propuestas.
• Participación en Organizaciones. Involucramiento en grupos comunitarios, organizaciones no gubernamentales u otras asociaciones.
• Participación Digital. Uso de plataformas en línea y redes sociales para expresar opiniones, participar en encuestas y discusiones.

Según el propósito:

• Participación en Planificación. Involucramiento en la elaboración y revisión de planes de desarrollo local o proyectos específicos.
• Participación en Presupuesto. Contribución a la asignación de recursos financieros en el presupuesto público.
• Participación en Políticas Públicas. Involucramiento en la formulación, revisión y evaluación de políticas gubernamentales.

Estas clasificaciones son solo algunas de las categorías generales, y es esencial tener en cuenta que la participación ciudadana puede manifestarse de diversas maneras y combinaciones. Varios autores desarrollan enfoques específicos según sus intereses, que varían en función de su impacto, ya sea en la implementación de políticas o en el registro de experiencias exitosas. Sin embargo, es reconocible su incidencia en el control de los procesos de seguimiento a la contratación y la ejecución del gasto en la gestión pública.

Recordemos que, son funciones de la participación ciudadana formal: otorgar legitimidad al gobierno, promover una cultura democrática y hacer más eficaces la decisión y la gestión pública Ziccardi (2004)

Mecanismos de participación ciudadana. En el contexto local, con la expedición de Ley 1757 de 2015 y Ley 134 de 1994 el Legislativo colombiano dicta las disposiciones frente al derecho de participación democrática, enunciando como mecanismos de participación ciudadana: la iniciativa popular y normativa ante las corporaciones públicas, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, el plebiscito y el cabildo abierto, entre otros.

Dicho marco legal nace del compromiso Constitucional consagrado en el artículo 1º y 2º que reza «Colombia es un Estado social de derecho (…) democrática, participativa y pluralista«, que «son fines esenciales del Estado: facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación» y en el artículo 40 complementa que “todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político”.

Estos mecanismos de participación ciudadana, son las herramientas que permiten ejercer el derecho a participar en las decisiones colectivas, generando unos cambios dentro de los sistemas judicial, ejecutivo y legislativo y tienen dos orígenes: popular o de autoridad pública. Entre los mecanismos de origen popular encontramos: la iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones públicas, el cabildo abierto y la revocatoria del mandato; por otro lado, de origen en autoridad pública encontramos: el plebiscito; y pueden tener origen en autoridad pública o popular el referendo y la consulta popular. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017)

Entre los mecanismos de participación ciudadana, encontramos:

El Voto: hace parte de los derechos del ciudadano, cuya finalidad no es otra distinta que la de reconocer el derecho político que le asiste a los colombianos, señalándoles las diversas formas que permitan su participación efectiva en la organización del Estado. Este derecho y a la vez mecanismo de participación, tiene que ver con la posibilidad de intervenir, mediante el sufragio, en la formación de los órganos estatales, en el control de los dirigentes políticos y en la capacidad de desempeñar funciones públicas.

El plebiscito: mecanismo de participación mediante el cual el Presidente de la República convoca a la ciudadanía a que apoyen o rechacen una decisión del Ejecutivo puesta en cuestión y que no requiera aprobación del Congreso, excepto las relacionadas con los estados de excepción y el ejercicio de los poderes.

El referendo: es la convocatoria mediante la cual los ciudadanos pueden participar en la aprobación o derogación del proyecto de una norma jurídica o de una ya vigente, así como en la creación o segregación de un municipio; en la derogación de una reforma constitucional o sometan a aprobación un proyecto de reforma constitucional. El referendo puede ser nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local.

El cabildo abierto: es la reunión pública del concejo distrital, municipal o juntas administradoras locales, en la cual hay participación de los habitantes para discutir libremente de manera directa y pública acerca de los asuntos de interés de la comunidad.

• Podrán ser materias del cabildo abierto cualquier asunto de interés para la comunidad.
• En caso de que la comunidad cite al gobernador o alcalde respectivo deberá adjuntar a las firmas, el cuestionario que formulará al funcionario, el cual debe ser remitido por el presidente de la corporación, con mínimo 5 días de antelación a la celebración del cabildo.
• El cuestionario deberá versar únicamente sobre asuntos de competencia del funcionario citado.
• A través del Cabildo Abierto no se podrán presentar iniciativas de ordenanza, acuerdo o resolución local.

La iniciativa popular: es un derecho político de participación ciudadana que consiste en la posibilidad de que la ciudadanía pueda presentar proyectos de normas jurídicas ante el Congreso de la República para que, dentro de la misma, sean debatidos y posteriormente, aprobados, modificados o negados. 

Materias que pueden ser objeto de iniciativa popular legislativa y normativa, referendo o consulta popular ante las corporaciones públicas, aquellas que sean de la competencia de la respectiva corporación o entidad territorial.

No se podrán presentar iniciativas sobre:

• Las que sean de iniciativa exclusiva del Gobierno, de los gobernadores o de los alcaldes.
• Presupuestales, fiscales o tributarias.
• Relaciones internacionales.
• Concesión de amnistías o indultos.
• Preservación y restablecimiento del orden público.

La revocatoria del mandato:  es un derecho político, por medio del cual la ciudadanía mediante votación directa puede cesar de su cargo público a un funcionario electo, ya sea un gobernador o a un alcalde y es clara al señalar que no aplica para otros funcionarios de elección popular como congresistas, diputados, concejales, o Presidente de la República.

La consulta popular: es el mecanismo de participación mediante el cual una pregunta de carácter general sobre un tema de trascendencia nacional, departamental, distrital, municipal o local, es sometida por el Presidente de la República, Gobernador o Alcalde, según sea el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto.

Rendición de Cuentas. Por rendición de cuentas se entiende el proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo.

La rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende:

• Acciones de petición de información y explicaciones,
• Evaluación de la gestión.
• Incluye acciones para informar oportunamente, en lenguaje comprensible a los ciudadanos y para establecer comunicación y diálogo participativo entre las entidades de la rama ejecutiva, la ciudadanía y sus organizaciones.

Este proceso tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión de la administración pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas, en la cotidianidad del servidor público

Incluye: las juntas administradoras locales, los concejos municipales y las asambleas departamentales

Control social a lo público. El control social es el derecho y el deber de los ciudadanos a participar de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones, en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados. Se puede desarrollar el control social a través de veedurías ciudadanas, las Juntas de vigilancia, los Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios, las auditorías ciudadanas y las instancias de participación ciudadana.

Quienes ejerzan control social podrán realizar alianzas con:

• Organizaciones No Gubernamentales
• Fundaciones
• Universidades
• Gremios empresariales
• Medios de comunicación y entidades afines
•  

• Podrán coordinar su labor con otras instancias de participación a fin de intercambiar experiencias y sistemas de información, definir estrategias conjuntas de actuación y constituir grupos de apoyo especializado en aspectos jurídicos, administrativos, y financieros.

Los estudiantes de secundaria de último grado, universitarios, carreras técnicas o tecnológicas, para optar por el respectivo título, podrán, opcionalmente desarrollar sus prácticas, pasantías o trabajo social, con las organizaciones de la sociedad civil que realicen control social, así como quienes aspiren a ser auxiliares de la justicia.

Quien desarrolle control social podrá:

• Solicitar la información pública que se requiera para el desarrollo de su labor, en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
• Presentar observaciones de la labor desarrollada al ente encargado de la política pública.
• Presentar peticiones, denuncias, quejas y reclamos ante las autoridades competentes.
• Presentar acciones populares en los términos de la Ley 472 de 1998.
• Presentar acciones de cumplimiento en los términos de la Ley 393 de 1997.
• Presentar Acciones de Tutela en los términos del Decreto número 2591de 1991.
• Participar en Audiencias Públicas ante los entes que las convoquen.
• Hacer uso de los recursos y acciones legales que se requieran para el desarrollo del control social.

Modalidades de control social:

1. Veedurías ciudadanas. Los diferentes tipos de veedurías que se organicen a nivel nacional o de las entidades territoriales, pueden establecer entre sí mecanismos de comunicación, información, coordinación y colaboración permitiendo el establecimiento de acuerdos sobre procedimientos y parámetros de acción, coordinación de actividades y aprovechamiento de experiencias en su actividad y funcionamiento, procurando la formación de una red con miras a fortalecer a la sociedad civil y potenciar la capacidad de control y fiscalización.

La inscripción y reconocimiento de las redes de veedurías se hará ante la Cámara de Comercio, o ante las Personerías Municipales o Distritales de cualquiera de las jurisdicciones a que pertenecen las veedurías que conforman la red.

2. Consejo nacional de participación ciudadana. El cual asesorará al Gobierno Nacional en la definición, promoción, diseño, seguimiento y evaluación de la política pública de participación ciudadana en Colombia que, además se crean los Consejos Departamentales, Distritales y Municipales en los municipios de categorías especial, de primera y de segunda, los cuales se encargarán, junto con las autoridades competentes, de la definición, promoción, diseño, seguimiento y evaluación de la política pública de participación ciudadana en sus territorios, así como de la articulación con el Consejo Nacional de Participación.

Políticas Para La Convivencia Ciudadana. En Colombia, algunos de los mecanismos y políticas para promover la convivencia ciudadana incluyen:

Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana para la protección de la vida. Colombia cuenta con una política nacional que aborda temas relacionados con la convivencia y seguridad ciudadana. Esta política busca fortalecer la coordinación entre las entidades gubernamentales, la sociedad civil y la ciudadanía en general. El diseño de la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana fue liderado por el Ministerio de Defensa Nacional a partir de los lineamientos del Plan de Gobierno del Presidente Gustavo Petro, construido a partir de los 21 encuentros regionales y 43 encuentros nacionales, así como las principales conclusiones derivadas de los diálogos vinculantes del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida”.

Estrategias De La Política De Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana

1. Paz Total

• Desarticular las organizaciones armadas ilegales.
• Priorizar el territorio.
• Abordar el problema mundial de las drogas.
• Avanzar en la seguridad urbana.
• Avanzar en el nuevo modelo de articulación entre nación y territorio.
• Fortalecer la seguridad de los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad.

2. Deforestación, protección y preservación de la biodiversidad

• Proteger y preservar la biodiversidad.
• Contribuir a la gestión del cambio climático y proteger el medio ambiente.
• Luchar contra la explotación ilícita de yacimientos mineros.

3. Salvaguardar la integridad territorial, la soberanía, la independencia nacional y el orden constitucional

• Defender Integralmente el Territorio.
• Impulsar una agenda internacional del Sector de Seguridad y Defensa.
• Formular una ley de defensa y seguridad fronteriza.
• Formular una ley de seguridad y defensa nacional.
• Proteger la infraestructura estratégica-crítica.

4. Fortalecer a la Fuerza Pública

• Fortalecer el talento humano.
• Fortalecer la legitimidad de la Fuerza Pública (integridad, transparencia, derechos humanos y género).
• Avanzar en el fortalecimiento de la Policía Nacional a través del Proceso de Transformación Policial más Humana.
• Apoyar el proceso transformación de los territorios.
• Gestionar el riesgo de desastres.

Para ampliar o profundizar esta propuesta del gobierno nacional, puedes ingresar a la página oficial de presidencia en el link:

https://petro.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Gobierno-del-Cambio-presento-la-nueva-Politica-de-Seguridad-Defensa-y-Convi-230425.aspx

Planes de Desarrollo Local. Las administraciones locales desarrollan planes de desarrollo que incluyen estrategias específicas para mejorar la convivencia en comunidades específicas. Estos planes suelen involucrar la participación activa de la comunidad en su elaboración.

Plan de Desarrollo Local en Barranquilla 2024-2027. Aspectos fundamentales como la seguridad, educación, emprendimiento, inclusión laboral y uso de nuevas tecnologías marcarán la agenda participativa para mejorar los indicadores de ciudad. Con el liderazgo del alcalde Alejandro Char, el gabinete distrital se trabaja en la coordinación, formulación y participación del Plan de Desarrollo de Barranquilla 2024 – 2027, de la mano de los ciudadanos, quienes le darán voz, ideas, propuestas e iniciativas desde el sentir y las necesidades para plantear estrategias de mejora en la calidad de vida. 

Asimismo, se dispone de mecanismos de participación digital para lograr la participación del mayor número de ciudadanos posible, incluyendo aspectos de interés popular como:

• Una ciudad saludable es una ciudad feliz: este primer componente abarca soluciones en seguridad y convivencia ciudadana, espacio público y ambientes urbanos, salud y vivienda y hábitat.
• Por una ciudad mejor conectada entre sí: buscará mejoras en el tema de movilidad y transporte.
• La educación es la verdadera solución: trabajará en la mejora de los indicadores de educación de las Instituciones de Educación Distrital (IED) y la educación superior.
• Entre todos fortaleceremos el deporte y la cultura: enfocará sus esfuerzos en fortalecer el deporte y la cultura, así como el medioambiente y adaptación al cambio climático.
• Lo seguimos soñando, lo seguimos haciendo: trabajará en lograr una ciudad más emprendedora y competitiva, así como impulsará la gestión social.

Una vez se logre el proceso de construcción colectiva del Plan de Desarrollo, este será presentado ante el Concejo distrital de Barranquilla para su revisión y aprobación. (El Tiempo, 2024)

Plan de Desarrollo Distrital en Bogotá. La ciudad capital inicia su integración a partir de la noción de un plan de desarrollo así:

El Plan Distrital de Desarrollo es la hoja de ruta que guía las acciones del gobierno del Alcalde Carlos Fernando Galán. Su objetivo principal es mejorar la calidad de vida de todas y todos los ciudadanos, abordando problemas y creando oportunidades para un futuro mejor. En él se detallan las propuestas presentadas en el programa de gobierno para fortalecer la seguridad, mejorar la infraestructura, garantizar servicios esenciales como salud y educación, y promover la cultura y el deporte para todos, así como también para abordar los desafíos del cambio climático y fomentar la generación de oportunidades en diversos ámbitos. (Alcaldía Distrital de Bogotá, 2024)

La administración distrital ha organizado su elaboración de la siguiente manera:

1. Alistamiento. La Secretaría de Planeación hace un diagnóstico estratégico de la ciudad para definir los objetivos, metas y programas que harán parte del Plan de Desarrollo Distrital (PDD). Este diagnóstico es un proceso participativo y transversal entre todas las entidades de la Administración Distrital.

2. Construcción participativa. La Administración Distrital genera diferentes mecanismos y espacios de participación para que la ciudadanía pueda aportar en la construcción del Plan de Desarrollo Distrital (PDD). Este proceso participativo se lleva a cabo en paralelo durante los meses de las fases de alistamiento y revisión.

3. Presentación del anteproyecto al Consejo Territorial de Planeación Distrital. El Consejo de Gobierno revisa y aprueba el anteproyecto del Plan de Desarrollo Distrital. Este anteproyecto se presenta a consideración del Consejo Territorial de Planeación Distrital para verificar su correspondencia con el programa de gobierno 2024-2028.

4. Presentación del anteproyecto al Concejo de Bogotá. El Alcalde Mayor presenta al Concejo de Bogotá el anteproyecto del Plan de Desarrollo Distrital, el cual ya tiene incorporadas las recomendaciones recogidas durante el proceso de participación. El Concejo tiene un mes para debatir y aprobar el Plan.

5. Adopción y socialización. Con la aprobación del Plan de Desarrollo Distrital por parte del Concejo de Bogotá, el nuevo Acuerdo pasa a sanción del Alcalde Mayor, para luego ser socializado con la ciudadanía. Este plan será implementado durante 4 años.

Plan de Desarrollo Local en Cali. El Presidente del Concejo y de la Comisión de Plan y Tierras donde dieron inicio al trámite del proyecto de Plan de Desarrollo en Cali, previo al estudio de talleres de construcción con secretarías que son claves para el desarrollo de la ciudad. Un documento en borrador que, tendrá varios elementos:

El Plan tendrá tres premisas: una articulación, una focalización y una territorialización. La estructura en su tendría la siguiente versión preliminar tiene unos propósitos a saber:

1. De Reconciliación, con retos para atender Seguridad Convivencia, Orden y Oportunidades.
2. De Ciudad Renovada Sostenible, con retos para atender Ciudad Planificada, Ordenada, Conectada y Ciudad Resiliente.
3. De Buen Gobierno, con retos para temas de Transparencia y lucha contra la corrupción, Estado Eficaz y Eficiente.

Se espera, según datos de la Alcaldía de Cali, una participación en vivo de 25 mil personas en territorios, además de sistemas virtuales como Catbox, Código QR, Redes Sociales, Eventos por Facebook y YouTube. Igualmente se preparan reuniones como Consejos Ciudadanos, estrategia en la calle, además de universidades y colegios. (Concejo Municipal de Cali, 2024)

Plan de Desarrollo Local en Medellín para la vigencia 2023-2027 en proceso de formulación comunitaria por parte del Departamento Administrativo de Planeación que involucra una convocatoria pública de todos los corregimientos, comunas y sectores interesados en la participación para la construcción a partir de:

1. Un diagnóstico de lo que se ha hecho.
2. Los diálogos sociales que se extenderán hasta el 12 de marzo, en los cuales habrá conversaciones con la ciudadanía, mediante los Consejos Comunales y Corregimentales de Planeación y con los ediles sobre las 3.170 ideas que inspiraron los Planes de Desarrollo Local.
3. La última fase se relaciona con la jerarquización (o votación) de esas iniciativas, y se hará del 13 de marzo al 2 de abril.

Las iniciativas de proyecto de los Planes de Desarrollo Local que no queden en el Programa de Ejecución (Decreto 0146 de 2022) no se pueden gestionar por ninguna fuente durante los próximos cuatro años (2024-2027), por eso es decisiva la vinculación de la comunidad. (Alcaldía Medellín, 2024)

Se trata de un ejercicio de diálogos sociales en los que los participantes priorizarán las iniciativas, agrupadas por temáticas de desarrollo, que representan las necesidades locales; es una forma de gestión desde la planeación.

Otros mecanismos y políticas para promover la convivencia ciudadana incluyen:

• Programas de Prevención del Delito y la Violencia. Se implementan programas y proyectos específicos destinados a prevenir el delito y la violencia. Estos programas pueden abordar aspectos como la prevención del consumo de drogas, la promoción de la cultura ciudadana y la generación de espacios seguros y saludables.

• Participación Ciudadana. Fomentando la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones a nivel local y nacional, en ejercicios diversos durante el periodo de cada administración. La participación ciudadana es crucial para fortalecer la convivencia, ya que permite que la comunidad tenga un papel directo en la configuración de las políticas y la implementación de medidas.

• Fortalecimiento de la Policía Comunitaria. Algunos directivos del nivel central, han fortalecido la capacidad de su talento humano con la promoción de la policía comunitaria implicando un mayor número de policiales para ampliar la interacción entre la policía y la comunidad. Esto puede ayudar a construir la confianza y a abordar problemas específicos de seguridad y convivencia en colaboración con la población local.

Intersección entre: cultura ciudadana y la convivencia. Colombia ha enfrentado diversos desafíos en el ámbito de la gobernanza, algunos de los cuales han contribuido a tensiones y obstáculos en el desarrollo del país. Uno de los problemas persistentes es la corrupción, que ha afectado a distintos niveles del gobierno y ha debilitado la confianza de los ciudadanos en las instituciones. La corrupción ha dificultado la eficacia de las políticas públicas, socavando la capacidad del Estado para proporcionar servicios esenciales y garantizar la equidad.

Otro desafío importante es la persistencia de conflictos armados y la presencia de grupos armados ilegales en ciertas regiones del país. A pesar de los esfuerzos por lograr la paz, la violencia relacionada con el narcotráfico y la disputa por el control territorial persisten, generando problemas de seguridad y gobernanza. Estos conflictos han creado brechas en la capacidad del gobierno para ejercer un control efectivo sobre todo el territorio, lo que a su vez ha afectado la implementación de políticas públicas de manera uniforme en todo el país.

Los problemas de gobernanza en Colombia debilitan el ideal del Estado moderno, el contrato social, la efectividad de la administración pública y la debilidad para atender las demandas públicas, visibles en:

• La incapacidad del Estado para reformar la sociedad
• La incapacidad del Estado para cubrir el territorio nacional
• La incapacidad del Estado para ejercer sus funciones
• Su deber de ejercer el monopolio de la fuerza, garantizar el orden, la vida, libertad y la propiedad.
• La privatización de la coacción física en la lucha contrainsurgente.

Por su parte el contexto colombiano representa un desafío para el ejercicio de actividades corporativas, teniendo en cuenta las complejidades propias de nuestro territorio como lo son:

1. La presencia de actores armados al margen de la ley. En este sentido, las secuelas del conflicto armado han producido reductos de ilegales que, se negaron a deponer las armas para reintegrarse a una vida civil y decidieron abrir una nueva línea criminal como disidencias.

2. Una marcada economía ilegal con su degradación ambiental. El narcotráfico continúa siendo la principal economía ilegal en Colombia, acompañada de la extorsión, la minería ilegal y el contrabando de gasolina, que no solo representan delitos aislados, sino que convergen para la financiación de estructuras criminales organizadas. El cobro de la popular “vacuna” que no es otra cosa que un cobro extorsivo afecta la estabilidad corporativa en sectores de extracción minera, incluso con la amenaza al secuestro de empleados, convirtiéndose en la técnica por excelencia para el lavado de activos, financiar bandas criminales, implementar la minería ilegal, o ejercer la explotación de minas a través de terceros.

3. Dificultades en la gobernabilidad, una fuerza pública insuficiente, un sistema judicial vulnerable, zonas sin presencia de las instituciones del Estado y con ello, la imposibilidad para ejercer y articular políticas como gobierno (local o nacional) permitiendo que los ilegales hagan ejercicios de autoridad y dominio. A la vez, esta “ausencia” ha sido coincidente con zonas de interés económicos para las empresas, haciendo de la explotación una tarea de alto riesgo, donde los ilegales coaccionan y amenazan para cometer actos de corrupción.

4. La pérdida de credibilidad en las instituciones por actos de corrupción en hechos relacionados por la filtración de intereses ilegales con funcionarios públicos “parapolítica”; o los casos de abuso de autoridad en lo relacionado con las ejecuciones extrajudiciales “falsos positivos”, que hacen perder la confianza en las instituciones encargadas de brindar seguridad y ponen en duda su actuación.

5. La presencia de minas antipersonales en zonas estratégicas de la geografía, incluso desconocidas para la población civil, representando un grave riesgo latente.

6. Asuntos relacionados con la tenencia de la tierra que ha, involucrado: el abandono de la misma por desplazamiento bajo amenazas, las irregularidades en la transferencia de tierras despojadas que, ha involucrado registradores, notarios, funcionarios de gobiernos, Comités, intermediarios y empresas.

7. Una justicia transicional en proceso que, a pesar de los esfuerzos presidenciales para superar el conflicto, persisten enfrentamientos entre ilegales, disputas por el territorio, enfrentamiento entre miembros de las fuerzas del orden y los diferentes grupos armados que ponen en riesgo al ciudadano del común, afectado directa o indirectamente los derechos humanos de la población civil; haciendo del posconflicto otro ingrediente a la actividad empresarial.

Estas características del territorio colombiano afectan la idiosincrasia de las comunidades para manejar los efectos negativos como el deterioro ambiental o la poca atención a sus inquietudes, promoviendo sociedades intolerantes.

Se trata de un fenómeno que puede ser atribuido a una compleja interacción de factores sin resolver y a la debilidad en la gobernanza. En primer lugar, la persistencia de desafíos socioeconómicos, como la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades, crea un caldo de cultivo propicio para la frustración y la insatisfacción entre los ciudadanos, generando un ambiente de desconfianza que, agudiza las tensiones, ya que los ciudadanos experimentan cotidianamente la carencia de servicios esenciales que contribuyen a la apatía y la indiferencia.

En este contexto, la debilidad de la gobernanza se manifiesta en la incapacidad del Estado para abordar de manera efectiva las demandas sociales, y en esta ruptura, la cultura ciudadana emerge como un pilar fundamental para superar las diferencias, promover el acercamiento social y mejorar la convivencia en los territorios.

En la medida en que los ciudadanos internalizan valores de respeto, tolerancia y responsabilidad, se fomenta un ambiente propicio para la construcción de sociedades cohesionadas.

La promoción de la cultura ciudadana no solo implica el cumplimiento de normas y leyes, sino también la promoción de valores que sustenten una convivencia armoniosa. En este sentido, el fomento de la cultura ciudadana se presenta como un elemento crucial para construir comunidades más resilientes, justas y solidarias, capaces de enfrentar los desafíos contemporáneos y construir un futuro compartido basado en el entendimiento y la colaboración.

La cultura ciudadana y la convivencia son fundamentales en el contexto colombiano por diversas razones que impactan directamente en el desarrollo y bienestar de la sociedad, como:

• La cultura ciudadana y la convivencia contribuyen al fortalecimiento de la democracia al promover la participación activa y responsable de los ciudadanos en los asuntos públicos. Una ciudadanía informada y comprometida es esencial para el buen funcionamiento de un sistema democrático.

• Colombia ha enfrentado desafíos significativos relacionados con la violencia, especialmente en décadas pasadas. Fomentar una cultura de convivencia pacífica contribuye a la reducción de la violencia, promoviendo el diálogo, la resolución pacífica de conflictos y el rechazo a la violencia como medio de solución.

• La cultura ciudadana y la convivencia son clave para construir comunidades resilientes. La colaboración y el apoyo mutuo en situaciones adversas fortalecen la capacidad de las comunidades para superar desafíos y trabajar juntas en la construcción de un entorno más sostenible y seguro.

• Una cultura ciudadana sólida se traduce en comportamientos responsables en el uso del espacio público, la conservación del medio ambiente y el respeto por las normas y regulaciones. Esto contribuye a la mejora del entorno urbano y al bienestar general de la población.

• La cultura ciudadana impulsa la participación activa de los ciudadanos en la planificación y desarrollo de sus comunidades. Cuando la población se involucra en la toma de decisiones, se promueve un desarrollo más inclusivo y orientado a las necesidades reales de la sociedad.

• La cultura ciudadana también juega un papel en la construcción de la identidad nacional. Valores compartidos, normas sociales y prácticas cívicas contribuyen a la cohesión social y al sentido de pertenencia a una comunidad más amplia.

La promoción de la cultura ciudadana y la convivencia en Colombia fortalece la democracia, fomenta el desarrollo sostenible y mejora la calidad de vida de los ciudadanos.

Factores que Promueven la Convivencia. La implementación de estrategias basadas en la prevención y la cultura ciudadana, son blandas y acorto plazo, es necesario entender que, estas labores no logran responder a las violencias: estructural, cultural y directa de los ciudadanos (causas profundas –tanto sociales como urbanas–), que están asociadas a la violencia y criminalidad, sólo se constituyen en una alternativa para auxiliar el sistema judicial.

Efectos de la inseguridad en la construcción de relaciones comunitarias.

La inseguridad como preocupación ha pasado a justificar el encierro, el hermetismo, desinterés por lo de afuera, el abandono del espacio público y la consolidación de barricadas, muros y enrejados para el cerramiento de conjuntos residenciales y barrios.

Lo cotidiano se enmarca por la desconfianza, el limitado conocimiento del otro y el encierro en espacios y grupos pequeños y cercanos, casi semejando el proceso de un gueto. Las clases medias y altas se mudan a espacios cada vez más protegidos, distantes y vigilados, para intentar evitar ser víctimas del crimen, y en esta búsqueda de protección, finalmente se terminan fortaleciendo las diferencias sociales.

Estas dinámicas de ciudad donde la vivienda crece y el espacio público se reduce, especialmente en la vida urbana, se suman a la calidad de vida, donde el mayor tiempo se consume en el desplazamiento y la jornada laboral; sumando la disposición de viviendas reducidas sin lugar para un adulto mayor, el acompañamiento de los padres e incluso no más de 2 hijos. Viviendas usualmente solas destinadas para el descanso nocturno, pero, percibidas como seguras, haciendo de la sensación de inseguridad una vivencia propia del espacio público (sitios deportivos, parques, áreas verdes, y las calles), provocando en los residentes actitudes defensivas y de desconfianza.

El crecimiento urbano requiere mayor presencia policial -más espacio por proteger-, demanda presencia estatal y criminalidad por atender.

La tendencia para suplir los requerimientos de seguridad, se fundamentan en soluciones “escape”, vinculadas a la sensación generalizada de abandono por parte de las instituciones encargadas del control y la prevención, que contemplan migrar a otro sector menos inseguro; expulsar del espacio a quienes, a primera vista “vendedores ambulantes” son causantes del desorden; la privatización de la seguridad y fortificación de espacios.

El espacio público es de todos.

Para optimizar la convivencia y la seguridad mediante un enfoque de correlación ciudadana, resulta imperativo valorar la apropiación simbiótica entre el entorno territorial y sus residentes.

Esto conlleva a concebir la ciudad no meramente como un espacio físico habitado, laboral o de oportunidades, sino como una entidad que forja una identidad distintiva entre sus habitantes.

Los escenarios públicos que cuentan con el potencial para acoger la comunidad, prestan un servicio deportivo, paisajístico o de estancia para propios y visitantes. En áreas donde la eficiencia colectiva es elevada, se observa una disminución en la presencia de delitos y en la sensación de inseguridad. El espacio público desempeña un papel crucial en este escenario, ya que se considera un lugar importante para la interacción social y el encuentro entre individuos diversos. En barrios con una eficacia colectiva marcada, se aprecia una utilización constante de los espacios públicos, lo que contribuye a fortalecer la confianza y los lazos de cohesión social. (Dammert, Construir ciudad en contextos de alta violencia: ¿es posible? El caso del Distrito Central de Honduras, 2018)

En la aplicación de este enfoque, se requiere identificar varios aspectos que vinculan la administración pública, las fuerzas del orden y la comunidad, como una imbricación esencial para promover un tejido social robusto y sostenible, donde se destaca un significativo corpus investigativo que establece conexiones entre la criminalidad, la inseguridad y la apropiación comunitaria de los espacios públicos, evidenciando esta última como una estrategia eficaz para propiciar la disminución de la incidencia delictiva, mitigar la sensación de inseguridad y potenciar la mejora locativa en los entornos urbanos, por parte de Lucía Dammert en la Universidad de Santiago de Chile para el año 2018.

Apropiación del espacio público:

En criminología, la teoría de las ventanas rotas, es un presupuesto publicado en 1982 por los científicos sociales James Q. Wilson y George L. Kelling sugiriendo que el deterioro visible y aparente de un entorno, como ventanas rotas o grafitis, puede fomentar la delincuencia y el comportamiento antisocial.

La teoría de las ventanas rotas incide en las políticas policiales para disuadir los delitos menores, las contravenciones o conductas contrarias a la convivencia como el vandalismo, vivencia callejera o vagancia, el consumo de alucinógenos o de alcohol en público, la falta de urbanidad como lo expresa el “manual de Carreño”, y demás por el estilo, encargados de a crear una atmósfera de desorden e ilegalidad

Si bien esa teoría fue publicitada en los años 80, observamos que los viejos problemas se han perpetuado y tal vez, requieren nuevas miradas que trasgredan la tradicional forma de atenderlos, no desde el castigo, sino empleando la cohesión social desde los espacios públicos, sin desligar las instituciones de seguridad y justicia, creadas para operar efectivamente con plena autoridad en el uso coercitivo de ser necesario para proteger la vida y la integridad de los ciudadanos.

Antanas Mockus aclara que, las políticas de cultura ciudadana son intervenciones de alcance temporal de su ejecución, mecanismos de auto-regulación y regulación cultural que deben generar las condiciones para reducir la contravención ciudadana. Las campañas en medios masivos de comunicación buscan incentivar comportamientos prudentes o seguros (no arrojar basuras, uso del cinturón de seguridad, no conducir en estado de embriaguez), pero, el ejercicio de cultura ciudadana no puede reducirse a esto.

Propiciar la seguridad desde el compromiso ciudadano es solo una estrategia temporal, y no se debe descargar una responsabilidad tan compleja en el ciudadano, sino accionar las demás instituciones para tardar la escalada criminal.

En este tipo de escenarios, los espacios públicos fungen como indicador social. La teoría sugiere que la apariencia descuidada de un entorno puede enviar señales de desorden y falta de control, centrando su enfoque en la importancia de mantener un entorno ordenado y libre de signos visibles de deterioro, cediendo el protagonismo a sus habitantes.

La participación activa de la comunidad, aportando en la reparación de daños visibles y signos de desorden contribuye a mantener la apariencia de un entorno con sentido de pertenencia.

También son aspectos cruciales para aplicar en la teoría de las ventanas rotas de manera efectiva, la cooperación con las fuerzas del orden en la aplicación de normas y políticas, para delitos menores “contravencionales” o conductas contrarias a la convivencia, variadas práctica que busquen prevenir la escalada del desorden, fomentando la presencia policial en comunidades para establecer una relación de confianza con los residentes y disuadir la delincuencia.

Importancia de “policía” en la construcción de seguridad y convivencia

La noción de moderna de policía, ha sido el resultado de un proceso histórico de relaciones de poder, desencuentros sociales, limitaciones absolutistas y hasta contubernio eclesiásticos.

Etimológicamente hablando, la palabra Policía procede del latín «politīa» que denota organización política, gobierno y a su vez del griego «πολιτεια».

Jesús Treviño, desde sus estudios magistrales asegura que: “El concepto de “policía” se encuentra atestiguado en los escritos de Cicerón y 600 años después, en las cartas y formularios de Casiodoro significando política, gobierno desde la idea de un órgano regulador de la vida de los ciudadanos”.

Desde el vocablo del griego antiguo «πολιτεια» (politeia en el dialéctico jónico), sus significados y usos más importantes eran:

• La relación de los ciudadanos con el Estado
• La condición y los derechos de un ciudadano (en latín civitas), o sea “derecho de ciudadanía”, pero también: Estado, nación y gobierno.
• La vida diaria de un ciudadano, modo de obrar en la vida civil.
• La vida y los negocios de un hombre de Estado, de un gobierno, de una administración.
•  

• En un sentido colectivo, las medidas o acciones de un gobernante o el “arte de gobernar la ciudad” incluyendo acciones para vigilar la vida pública (una especie de control policíaco).
• La constitución de un Estado.
• En gobiernos republicanos bien organizados, una comunidad de Estados.
• Una república democrática.

La palabra policía se usó con más frecuencia en España, con el significado de: buena crianza, cortesía y urbanidad en el trato y las costumbres; profundamente relacionada con acciones de aseo y limpieza. Desde el diccionario español-inglés y latín de Richard Percival del año 1591 se describe el concepto de policía como fineza y elegancia.

En sentido original, es una organización social interna de carácter civil, encargada de la regulación, dentro de una comunidad o unidad política, de la moralidad, la seguridad, la salud, el orden público, la aplicación o el cumplimiento de la ley. (Treviño, 2021)

La noción de “policía” se encuentra íntimamente relacionada la potestad estatal, fue el equivalente del gobierno y lo relativo a la constitución de la ciudad, desde el ordenamiento jurídico del Estado, procurando arreglar la conducta de los ciudadanos, y las calidades cívicas del individuo.

Así las cosas, la palabra policía propendía por el buen orden de la sociedad civil, el orden de los negocios públicos, la moral y un orden religioso a cargo de la autoridad eclesiástica «el buen orden en la cosa común».

Partiendo de esta idea, policía y Estado eran conceptos idénticos. El Estado podía utilizar la coerción para buscar el bien común, bajo el total arbitrio del soberano, todo ello sin limitaciones jurídicas, llevando al absolutismo.

Ya enmarcado el registro histórico de “policía”, actualmente su alcance no puede ser menos importante, y, por ende, resulta apropiado ofrecer un espacio formativo para identificar la clasificación del concepto de policía, entendiendo la especialización desde el enfoque de poder, función y actividad.

1. Poder de Policía. El poder de policía se refiere al conjunto de facultades y prerrogativas que tiene el Estado para regular y controlar la conducta de las personas en aras de la seguridad, salud, moral y bienestar general. Este poder permite al Estado establecer normas y regulaciones, así como aplicar medidas coercitivas para asegurar el orden público y proteger el interés común. Ejemplos de ejercicios del poder de policía incluyen la creación de leyes, reglamentos y políticas para regular conductas que afectan el bienestar colectivo.

“El poder de Policía es la facultad de expedir las normas en materia de Policía, que son de carácter general, impersonal y abstracto, ejercido por el Congreso de la República para regular el ejercicio de la libertad, los derechos y los deberes constitucionales, para la convivencia y establecer los medios y las medidas correctivas en caso de su incumplimiento”. Art. 11 Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

La gestión legislativa desempeña un papel crucial en la creación y promulgación de leyes destinadas a regular los comportamientos de los ciudadanos en materia de seguridad y convivencia. En primer lugar, proporciona el marco legal necesario para establecer normas claras y específicas que definen los límites y las responsabilidades de los individuos en la sociedad. Al dictar medidas específicas en materia de seguridad pública, de pueden abordar de manera proactiva los desafíos emergentes, adaptándose a las dinámicas cambiantes de la sociedad y garantizando un entorno más seguro para todos.

Además, este tipo de gestión permite la creación de políticas que fomentan la colaboración entre los ciudadanos y las fuerzas del orden, promoviendo así una cultura de responsabilidad colectiva en la seguridad y convivencia, estableciendo mecanismos para la prevención del delito, la protección de derechos individuales y la promoción de valores fundamentales en la sociedad, moldeando activamente la conducta ciudadana hacia una actitud de respeto.

El poder de policía se encuentra concentrado en el legislativo, pero, sus facultades se apoyan en un poder subsidiario y residual desde los Concejos Distritales y los Concejos Municipales según su respectivo ámbito territorial, para reglamentar residualmente los comportamientos que no hayan sido regulados por la ley o los reglamentos departamentales de Policía. Art. 13 Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

En lo relacionado con eventos excepcionales, se ha estipulado el “Poder extraordinario de policía” cuya finalidad busca la prevención del riesgo o ante situaciones de emergencia, seguridad y calamidad, delegando en gobernadores y los alcaldes, para disponer acciones transitorias de Policía, ante situaciones que puedan amenazar o afectar gravemente a la población, con el propósito de prevenir las consecuencias negativas ante la materialización de un evento amenazante o mitigar los efectos adversos ante la ocurrencia de desastres, epidemias, calamidades, o situaciones de seguridad o medio ambiente. Art. 14 Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

2. Función de Policía. Se refiere a la capacidad legal que tiene una entidad gubernamental, para hacer cumplir las leyes y normativas establecidas mediante la aplicación de medidas coercitivas. La norma indica:

“Consiste en la facultad de hacer cumplir las disposiciones dictadas en ejercicio del poder de Policía, mediante la expedición de reglamentos generales y de acciones apropiadas para garantizar la convivencia. Esta función se cumple por medio de órdenes de Policía. Los Consejos de Seguridad y Convivencia son cuerpos consultivos y de decisión para la prevención y reacción ante los problemas relacionados con la seguridad y la convivencia en el nivel nacional, regional, departamental, distrital, municipal o metropolitano”. Art. 16 Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

3. Actividad de Policía. Se encarga de materializar. Hace referencia a las intervenciones concretas y ejecutivas que realiza la policía u otras autoridades para hacer cumplir la ley y mantener la paz. Incluye actividades como patrullaje, labores de vecindario, detenciones, y cualquier otra medida que busque prevenir o responder a situaciones que afecten la seguridad y el orden público. Según la norma:

“Es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas, de acuerdo con las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de Policía, a las cuales está subordinada. La actividad de Policía es una labor estrictamente material y no jurídica, y su finalidad es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren”. Art. 20 Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

El Estado señala que esta forma de organización socio-política mantiene el monopolio del uso de la fuerza. Esto quiere decir que los ciudadanos no pueden apelar a la fuerza (a menos que se encuentren en peligro), sino que deben acudir a un cuerpo estatal como la policía.

Acciones policiales, prevención que persuade.

Será menester de la actividad de policía desarrollar una geografía del delito y posteriormente el desarrollo del análisis espacial, sobre dichos resultados a partir de un diagnóstico que les permita identificar fenómenos delictuales, diseñar las estrategias pertinentes, bien sea reforzando su política de intervención o creando una nueva.

En materia de prevención, los informes de policía son valiosos.

“Un informe de policía es un documento público escrito que elabora el funcionario de policía, mediante el cual informa al superior o autoridad de policía sobre hechos conocidos durante la prestación del servicio. El informe básicamente debe responder a los siguientes interrogantes: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por qué? El informe además debe relacionar de manera clara, precisa, oportuna, veraz y detallada los elementos que hacen parte del hecho, su estado, cantidad, forma, tamaño y medidas adoptadas”. (Policía Nacional de Colombia, s.f.)

Los informes de policía especial sirven para alertar a la administración local, departamental, distrital o a la que haya lugar sobre, desatenciones en lo público evidenciados en su labor de vigilancia, algunos temas varían en:

• Daños en las vías que requiere intervención (baches, huecos, grietas, falta de pavimentación).
• Lugares oscuros que necesitan incrementar la iluminación, especialmente en los espacios públicos, diseñados para el encuentro deportivo, actividades recreativas de niños y jóvenes.
• Infraestructura con grietas o amenazas de ruina (puente peatonal, escaleras).
• Lotes baldíos que promueven el delito.
• Instalación de cámaras de seguridad.
• Infracciones al POT, entre otros.

Otra alternativa para asegurar mayores niveles de control, es la de contar con mayor presencia de policía; aunque, este tipo de iniciativas generan tensiones entre integración y exclusión de sus habitantes, incluso, incrementa o devalúa el uso y valor de la propiedad, pero, disuade.

Aporte de la administración pública en la construcción de espacios.

La inseguridad tiene múltiples rostros, problemas no criminales, relacionados con el consumo y el microtráfico, robos de menor cuantía (lo que no llegan al sistema judicial, porque igual son irrelevantes para el gobierno), las calles en mal estado de mantenimiento (espacios precarizados y violentos), el tránsito por sectores sin alumbrado o basurientas, aguas negras, estancadas, drenajes colmados de empaques, vecinos ruidosos y agresivos que desde su vivienda trascienden a lo público o mercados rodeados deshechos alimenticios.

Desde la administración pública, es imperativo desarrollar estrategias de intervención temprana para abordar factores que podrían contribuir al desorden, como problemas sociales o económicos en la comunidad incluyendo:

• El mantenimiento y la suciedad en calles y espacio público.
• Ejecución de proyectos para ampliar y mejorar la infraestructura urbana, que permita el desarrollo de actividades diarias a peatones, comerciantes, vecinos, visitantes, turistas…

Vender el espacio público desde una imagen, para aquellos que transitan de manera frecuente, lo convierte en una experiencia agradable, fijando en el imaginario social una experiencia enriquecedora, relajante y no carente de atractivos.

¿Por qué recuperar el espacio público?

Aspectos como la precariedad infraestructural, presencia de ilegales, la utilización de espacios públicos para el consumo de alucinógenos, resguardo de habitantes de calle y la acumulación de basuras proliferando plagas, propician el abandono de estos sitios, haciéndolos más componentes de exclusión que de integración.

El abandono del espacio público rápidamente es capturado por agrupaciones ilegales que, de esta forma, van “ganando territorio” y a la vez profundizan el deterioro, de esta forma, los habitantes apáticos no promueven la eficiencia colectiva presentando presencia de criminalidad y sensación de inseguridad.

La responsabilidad de la administración pública:

Para que exista la apropiación comunitaria de los espacios, debe existir una alianza entre desarrollo urbano y planificación. Los procesos de desarrollo urbano inclusivo deben considerar al menos 6 principios básicos: armonía con la naturaleza, espacio construido vivible, economía del lugar, equidad, pago por contaminación y regionalismo responsable. (Dammert, Construir ciudad en contextos de alta violencia: ¿es posible? El caso del Distrito Central de Honduras, 2018)

En aquellos barrios donde se instalan elementos estructurales, como pobreza e inestabilidad residencial, se tiende a usar menos los espacios públicos y, por ende, aumenta la sensación de desprotección.

Pero, dichas intervenciones no pueden reducirse a promover espacios seguros en “determinados territorios” o adoctrinamiento de vecinos no involucrados en actividades delictivas. No hay gobernabilidad territorial cuando se presenta:

• Especulación urbana y concentración de la segregación
• Presencia de actividades ilegales
• Grupos que obtienen beneficios e incentivos para mantener control e inseguridad en los territorios.

Otro aspecto a tener en cuenta, es el impacto positivo de la demolición de viviendas que amenazan con ruina o espacios públicos en deterioro para la instalación de nuevos emprendimientos comerciales y artesanales donde grupos en proceso de superación como: mujeres cabeza de familia, desplazados, migrantes o personas en proceso de reinserción merecen visibilidad a sus proyectos en el ejercicio de algún capital semilla.

Para empoderar las comunidades en la construcción de convivencia a partir de la cultura ciudadana, se torna prioritario reconocer la necesidad de fortalecer los espacios públicos para promover el sentido de pertenencia y garantizar la eficacia colectiva.

Intervención urbana

Las iniciativas de intervención urbana pueden tener importantes cambios en plazos temporales breves.  El ciudadano reconoce la importancia disuasiva de la presencia de instituciones públicas como comisarías, centros de salud, la presencia de policías, militares e incluso seguridad privada como mejor mecanismo para evitar el deterioro urbano y la inseguridad. Así como la inversión, remodelación e intervención pública en la infraestructura urbana, espacios públicos, el incremento de la iluminación y los circuitos cerrados de televisión, traerán altos beneficios.

Pero ¿Cuál es la relación entre violencia y ciudad? es multidimensionalidad.  La cotidianeidad de la violencia en los espacios públicos, tiene consecuencias en la construcción de ciudadanía. La permanente sensación de amenaza y riesgo lo que limita el tiempo y el espacio de las ciudades, aumenta las desconfianzas y fortalece el abandono del espacio público. Por su parte, la presencia de grupos criminales organizados en el espacio público, limita la posibilidad de una ciudadanía activa que retome su uso y desarrolle mecanismos de vigilancia activa. Los ciudadanos abandonados por la presencia del Estado, cierran los ojos, naturalizando la violencia y justificando la inhibición de participación, reclaman por una ciudad protectora y amable, con servicios básicos, espacios de recreación y seguridad.  (Dammert, Construir ciudad en contextos de alta violencia: ¿es posible? El caso del Distrito Central de Honduras, 2018).

Importancia de la participación ciudadana y la convivencia en el contexto colombiano.

La participación mejora la eficiencia y la eficacia de la gestión pública en la medida en que es capaz de concitar voluntades para la construcción de consensos, reduciendo así las resistencias del entorno, y logrando por esa vía resultados que cuentan con la aceptación de los interesados. Además, produce un efecto dentro de las administraciones públicas al facilitar el diálogo horizontal entre sus miembros, coordinar mejor las acciones y evitar la segmentación de responsabilidades. Por último, la participación mejora el rendimiento institucional, es decir, la capacidad de las instituciones públicas para responder a las necesidades sociales. La participación puede asumir un papel determinante en la orientación de las políticas públicas y en la transformación de las relaciones entre la ciudadanía y el gobierno local. Esa posibilidad depende, sin embargo, de, por lo menos, dos condiciones: de una parte, una decidida voluntad de los gobiernos (nacional, regionales y municipales) de crear las oportunidades para el ejercicio de la participación. De otra, la existencia de ciudadanos y ciudadanas, de organizaciones sociales y de agentes participativos que hagan uso de esas oportunidades y las traduzcan en acciones encaminadas a democratizar y cualificar los resultados de la gestión pública. (Velásquez & González, 2003) P20

Los objetivos participación ciudadana:

Cuadro: Objetivos de la participación ciudadana.

Fuente: autora a partir de (Espinosa, 2009)

Bibliografía

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